Alcaldes bercianos exigen a su gobierno la autovía a Ponferrada

Los alcaldes de los municipios leoneses por los que transita la carretera C-631 que une Ponferrada con La Espina urgen la construcción de la autovía interautonómica cuyo proyecto aun está sin definir por parte de la Junta de Castilla y León en lo que respecta al trazado que discurre por la comunidad vecina. Ni siquiera hay noticias sobre si el Gobierno castellanoleonés está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo del Principado de dar salida a la nueva infraestructura a través del túnel de Rañadoiro, actualmente en obras, y que el trazado leonés conecte con el asturiano en este punto.

Los regidores de las localidades de Toreno, Cubillos del Sil, Páramo del Sil, Palacios del Sil y Villablino, han subido el pistón de las reivindicaciones en su demanda de que la autovía Ponferrada-La Espina se construya cuanto antes. El detonante ha sido una noticia de alcance nacional, repetida por todas las TV sobre carreras ilegales que se realizan por la C-631 aprovechando el trazado sinuoso de la carretera.

Pero el problema para estas localidades más que estas barrabasadas de unos locos, siendo grave, es que la carretera está saturada ante el exceso de tráfico pesado, especialmente de camiones de carbón con destino a las centrales térmicas leonesas. Las travesías por los núcleos urbanos como son estrechas son puntos negros para los conductores y sobre todo para los peatones. La autovía La Espina-Ponferrada además de vertebrar dos zonas mineras que están en declive como el suroccidente asturiano y el Bierzo, permitiría sacar el tráfico pesado de los núcleos urbanos de la comarca leonesa. Sin embargo, la comunidad vecina ha dado más prioridad a la conexión de León con Bragança por autovía

De ahí que los munícipes leoneses afectados vengan reclamando esta autovía desde que fuera anunciada por Rodríguez Zapatero al presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, en el encuentro que mantuvieron en La Moncloa hace dos años. La actuación también es prioritaria para el Gobierno asturiano. Sin embargo, del hecho de que la Junta de Castilla y León no haya iniciado siquiera la tramitación.